LaVozDelInterior: COLONIA PROGRESO HABIA CIMENTADO SU ECONOMIA EN TORNO A LOS CABARETS. INFORME DE LA VOZ DEL INTERIOR
O´Higgins, el pueblo que ya no puede vivir de las whiskerías
La economía del lugar dependía de estos espacios de alterne. Su cierre dejó desempleo, y la recaudación de los negocios y del municipio bajó. La nueva norma puede ser el tiro de gracia.
Las alternadoras de las whiskerías, hasta hace poco más de un año, constituían la principal fuerza laboral de las que hacían girar la rueda socioeconómica de Capitán General Bernardo O’Higgins.
Quizá el comentario pueda parecer exagerado, pero se ajusta a la realidad de este pueblo del departamento Marcos Juárez, de unos 500 habitantes, ubicado a 342 kilómetros al sudeste de la ciudad de Córdoba.
A fines de 2010, una denuncia por supuesta trata de personas motivó un procedimiento conjunto de la Dirección Nacional de Migraciones, Gendarmería Nacional y la Policía Federal. El operativo modificó de modo radical el escenario y el rubro empezó a transitar por un desfiladero declinante.
La Justicia Federal aún no resolvió la causa, pero las consecuencias saltan a la vista. Un botón de muestra: en la actualidad, el municipio recibe unos 150 mil pesos al mes de coparticipación. De ese monto, destina alrededor de 90 mil pesos al pago de sueldos de sus empleados y a la ayuda social.
En la época “dorada” (2009-2010), las 30 ó 35 mujeres que ofrecían servicios sexuales a los clientes en los cuatro o cinco cabarés que funcionaban entonces en la “zona roja” de la localidad, movían entre 400 mil y 450 mil pesos por mes.
“Cada chica hacía 600 ó 700 pesos por noche y trabajaba de cinco a seis días a la semana”, aseguró I.S., trabajadora sexual y propietaria de un club nocturno. Lo hizo mientras leía en el diario la noticia sobre la ley que prohíbe el funcionamiento de locales de alterne en toda la provincia, aprobada por la Legislatura el miércoles último.
Cuentas públicas. “No había tomado conciencia de la incidencia económica de esa actividad en la comunidad hasta que empecé a escuchar el comentario de los vecinos que tienen negocios en el pueblo y a sufrir en carne propia la caída de la recaudación”, se sinceró Juan Carlos Bianconi, intendente de la localidad desde hace 12 años.
La Municipalidad es la encargada de extender las libretas sanitarias a las trabajadoras. El documento tiene un costo inicial de 200 pesos y su renovación, cada seis meses, cuesta 150 pesos. Además, las alternadoras pagan 50 pesos la tasa mensual del permiso.
“En otro momento, el ingreso por ese concepto alcanzaba y sobraba para pagarles al bromatólogo y a la médica que realizan los controles, pero ahora tenemos que sacar plata de la caja porque si se renuevan cinco o seis libretas sanitarias por mes, es mucho”, precisó el mandatario peronista.
M.T., oriunda de Encarnación, Paraguay, ejerció la prostitución hasta el procedimiento de 2010. Vive en O’Higgins y asegura que no conoce “ningún lugar de Argentina donde se pueda trabajar en las condiciones de seguridad y libertad”, como sucede en ese pueblo, que se asoma a la “pampa gringa” justo en el cruce de las rutas provinciales 11 y 12.
“Acá nunca nadie me pidió coimas para trabajar y los dueños de los clubes sólo se quedaban con lo que hacían en la barra”, afirmó la mujer, que está casada y tiene dos hijos.
“En todas partes te piden la mitad de lo que cobrás por el servicio”, apuntó.
En su época de trabajadora sexual, vivía en el motel El Cruce, el mismo donde las alternadoras atendían a los clientes. El alojamiento transitorio, de 12 habitaciones, cerró hace un año. Empleaba a siete personas. Soledad Zárate era una de ellas.
“En El Cruce, además, trabajaban mi papá, mi mamá, mi hermana, el encargado y dos chicas de Corral de Bustos”, comentó la joven.
“Como camarera ganaba 600 pesos por semana, más o menos”, recuerda. Ella es la única de su familia que se reinsertó en el mercado laboral. Atiende un almacén durante la mañana, donde le pagan 1.500 pesos por mes.
Elis Gómez es su actual empleador. El comerciante calculó que el impacto en las ventas desde que la mayoría de las alternadoras se mudó del pueblo ha sido del 15 por ciento, aproximadamente.
“Si Gendarmería planchó a las whiskerías de O’Higgins, (el Gobernador José Manuel) de la Sota les acaba de dar el tiro de gracia” con la sanción de la ley de trata, se lamentó I.S.
La trabajadora sexual cree que cuando la norma entre en vigor se retrocederá varios casilleros en seguridad en el ejercicio de la prostitución.
“Las chicas, incluidas las menores de edad, van a salir a las rutas a trabajar por 30 ó 40 pesos y se expondrán a que les peguen”, vaticinó I.S.
“Además, al no tener que someterse a controles sanitarios rigurosos, los riesgos de enfermarse y de contagiar a los clientes van a aumentar una barbaridad”, planteó.
Nuevo marco legal
Prohibido. La nueva ley de trata prohíbe la instalación y el funcionamiento de lugares abiertos al público donde se facilite la prostitución u oferta sexual.
Sanciones. Quienes violen las disposiciones, independientemente de las penalidades previstas en otras leyes, podrán sufrir arresto de hasta 60 días.
Comisión. Crea la Comisión de Lucha contra la Trata y de Contención y Recuperación de Víctimas de la Explotación Sexual.
Puntos de Vista
Soledad Zárate, empleada de comercio: “Todos los comercios sufren el cierre de las whiskerías, porque cuando estas funcionaban, todos trabajaban mucho más. El motel El Cruce tuvo que cerrar hace más de un año”.
Juan Carlos Bianconi, intendente de O’Higgins: “No sé qué puede ocurrir después de todo esto, porque las trabajadoras sexuales seguro que van a seguir prostituyéndose, y me parece que lo van hacer con menos controles”.
